Proponen ampliar prescripción a quienes abusen sexualmente de menores

Muchas víctimas tardan años en confesar que han sido violentadas sexualmente, primero por chantaje, por amenazas o porque el abusador es el sostén económico de su hogar, y, muchas otras veces, porque cuando son niños, no saben que están siendo víctimas de un delito.

Ciudad de México (El Diario de Navojoa).- Ante la creciente impunidad en delitos contra infantes y adolescentes, las senadoras del PRI, Verónica Martínez y Lisbeth Hernández, propusieron que en el caso de violación, pederastia, turismo sexual y pornografía cometido en contra de un menor, el término de prescripción sea a partir de 5 años después que éste cumpla la mayoría de edad.

Según datos del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres han sido abusados sexualmente antes de los 18 años.

En el caso de las mujeres, una de cada seis ha vivido un intento o una violación, más de la mitad ha sido antes de los 18 años y 22 por ciento antes de los 12.

Y en el de los hombres, uno de cada 33 ha vivido un intento o una violación, 75 por ciento lo han vivido antes de los 18 años y 48 por ciento antes de los 12.

En su propuesta para modificar el artículo 105 del Código Penal Federal, las legisladoras señalan que muchas víctimas tardan años en confesar que han sido violentadas sexualmente, primero por chantaje, por amenazas o porque el abusador es el sostén económico de su hogar, y, muchas otras veces, porque cuando son niños, no saben que están siendo víctimas de un delito.

Lo que este Senado puede hacer, agregan, es modificar nuestras leyes para que las víctimas obtengan un rango de tiempo mayor y presenten la denuncia que corresponde.

“Vivimos en el siglo XXI y estamos dispuestos a darles a las nuevas generaciones, las herramientas necesarias para que hagan frente a los problemas que la vida les trae”, expusieron las legisladoras.

La actual redacción del citado artículo establece que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.