Piden investigar a los Moreira por supuestos vínculos con el narco

En el contexto del informe publicado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, se advierte el vínculo existente entre el ex gobernador Humberto Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira, con la comisión de numerosos delitos y abusos a los derechos humanos por parte del cártel de Los Zetas.

Ciudad de México (El Diario de Navojoa).- El senador Luis Fernando Salazar Fernández presentó dos puntos de acuerdo, uno para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a los hermanos Rubén y Humberto Moreira Valdez por supuestos vínculos con el crimen organizado, y otro para demandar que la Magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso se excuse de la discusión de validez de la elección de Coahuila, por su relación de amistad con el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su primear propuesta, el legislador coahuilense solicitó al Ejecutivo federal que, mediante la PGR, lleve a cabo una “investigación exhaustiva” de los supuestos vínculos de diversos funcionarios del estado de Coahuila con el crimen organizado, entre ellos el ex gobernador Humberto Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira.

Asimismo, Salazar Fernández pidió también a la PGR dar curso a las investigaciones correspondientes, derivadas de las denuncias presentadas con antelación, respecto de los hechos probablemente constitutivos de delito, cometidos por los hermanos Moreira.

Recordó que el pasado 6 de noviembre, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas dio a conocer un informe denominado “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila”, en el que se concluye “lo que en reiteradas ocasiones ha sido denunciado en diversos ámbitos: la complicidad y la omisión por parte de las autoridades mexicanas de impulsar los procesos judiciales correspondientes, para investigar y castigar a los responsables de la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos cometidos por organizaciones del crimen organizado”.

Resulta lamentable, dijo, que sean organizaciones y autoridades de otros países las que investiguen y señalen los actos ilícitos cometidos en Coahuila, mientras que las autoridades mexicanas son omisas en dar curso a las investigaciones para castigar a los culpables “de los actos que tanto daño han causado al estado, a pesar de contar con los elementos para llevar a cabo dicha labor”.

En el segundo punto de acuerdo, el senador panista solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso se excuse de conocer y participar en el asunto relativo a la validez de la elección a gobernador de Coahuila “debido a los antecedentes que constan respecto al vínculo existente entre la Magistrada y el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo con su presidente nacional”.

Los vínculos, agregó, fueron dados a conocer desde octubre del año 2016 en diversos medios de comunicación, los cuales revelaron los apoyos que Mónica Soto habría recibido del PRI para ser Magistrada de la Sala Superior del TEPJF.
Entre ellos, el del presidente de PRI, Enrique Ochoa, dada la amistad que mantienen, tras muchos años de haber compartido tareas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Enrique Ochoa fue, además, mentor de Mónica Soto. El Presidente del PRI era el Director del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral durante el tiempo que Mónica Soto se encontraba estudiando la Especialidad en Justicia Electoral. Fue él quien firmó su certificado de estudios totales, diploma y su acta de exención de examen de la especialidad”, indicó.

Asimismo, señaló que la Magistrada es hija de Eligio Soto, “un priista de toda la vida” de Baja California Sur, quien ha sido diputado local, presidente municipal, dirigente de la liga de comunidades agrarias, director de fomento agropecuario estatal, diputado federal, delegado de la reforma agraria y dirigente del PRI en ese estado.

“La simpatía por el citado partido fue puesta aún más en evidencia, cuando durante la sesión del Tribunal celebrada el pasado 5 de octubre, la Magistrada Soto fue una de las principales defensoras para reducir el rebase de tope de gastos de campaña del candidato Miguel Riquelme”, acusó Salazar Fernández.

El senador panista pidió también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) garantizar la debida imparcialidad, independencia, certeza y legalidad en la elaboración del proyecto de sentencia de los juicios relativos a la validez de la elección de gobernador de Coahuila.

“Resulta alarmante que el Tribunal Electoral haya dejado la sentencia más importante de la historia contemporánea en Coahuila en manos de una Magistrada afín al PRI”, consideró.

La decisión que tome el Tribunal, dijo, cobra aún más relevancia cuando, en el contexto del informe publicado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, se advierte el vínculo existente entre el ex gobernador Humberto Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira, con la comisión de numerosos delitos y abusos a los derechos humanos por parte del cártel de Los Zetas.