Gobierno de Peña Nieto responde a señalamientos de WOLA

La estrategia de militarización de la seguridad pública sostenida durante los últimos 10 años ha perpetuado la impunidad en los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de que desde 2014 el fuero civil tiene competencia para sancionar violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense, revela un nuevo informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

Ciudad de México.- El Gobierno de México reafirmó hoy su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio.

Con relación al informe “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, difundido el martes por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), refrendó su compromiso permanente para investigar diligentemente los hechos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos.

En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que el gobierno de México valora muy especialmente las estrategias de las Fuerzas Armadas en labores de asistencia humanitaria, así como las acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, como el combate al crimen organizado en el país.

Las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado mexicano.

Recordó que todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil, “dichas acciones tienen fundamento en nuestra Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En cumplimiento de su compromiso con los derechos humanos, el Estado mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.

En ese sentido, el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas ampliaron su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción.

Esas acciones han dado como resultado una visible reducción de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por ese organismo a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

La PGR ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones.

A este esfuerzo se suman las estrategias de la sociedad civil, de los expertos académicos y los interesados, a partir de los la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017.

El gobierno de México valora la labor de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y de las organizaciones de la sociedad civil, no obstante, señala que instituciones académicas reconocidas a nivel nacional e internacional y organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

También tienen un papel importante en la construcción de la Fiscalía General de República, así como en los procesos legislativos y de diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.

La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país, señalan las dependencias en el comunicado.

Ante esto, México invitó a que los análisis en la materia consideren ese contexto para reflejar una perspectiva más certera sobre los desafíos que acarrea el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, y los efectos del trasiego de drogas con destino a ese país.

Los estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.

Con apego a las disposiciones en la materia, el gobierno de la República continuará con el impulso de investigaciones imparciales y objetivas para toda presunta violación a los derechos humanos, que aseguren una procuración y acceso a la justicia efectivos, así como la sanción a los responsables, indicaron.(Con información de NOTIMEX)